La Sociedad Rural presentó un amparo contra las retenciones

El presidente Nicolás Pinto confirmó la presentación junto a otras entidades en los tribunales de Córdoba, motivada en que el Gobierno ya no tiene facultades extraordinarias para imponer el tributo sin la aprobación del Congreso

 

La Sociedad Rural Argentina presentó, esta mañana, una acción de amparo por la falta de sustento legal en el impuesto a las retenciones con el fin de que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación con posterioridad al 1 de enero del año 2022. La misma fue presentada ante la Justicia Federal de Córdoba forma conjunta con la Sociedad Rural de Jesús María (Córdoba) y cuenta con el apoyo de otras entidades rurales.

“Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no hay sustento reglamentario para el cobro del impuesto. Trabajamos estas semanas en esta crítica situación para exigirle al Poder Judicial que nos dé la razón porque las argumentaciones presentadas son contundentes. El cobro de retenciones es inconstitucional”, afirmó Nicolás Pino, presidente de la SRA, en una conferencia de prensa realizada en horas de la tarde.

El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas del tributo. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada.

“A nuestro modesto entender, al caerse la ley de emergencia y no aprobarse la ley de presupuesto, al no existir esos dos elementos a partir del 1° de enero las retenciones deberían ser cero”, indicó.

“Nos pareció prudente presentar una acción de amparo que fue presentada en los tribunales federales de Córdoba porque convenimos con la Sociedad Rural de Jesús María y la SRA de poner en valor el federalismo”, agregó.

La presentación se hizo este mediodía y al respecto, el presidente insistió: “Lo que hay que tener claro es que lo presentamos porque las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista debe existir una ley que lo avale”.

“Hemos tenido reuniones con todos los eslabones de las cadenas comerciales, poniéndolos en conocimiento de esta acción judicial con el objetivo de no alterar el funcionamiento de los acuerdos vigentes”, aclaró Pino.

Eduardo Riera, vicepresidente de la Rural de Jesús María; Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y Marcos Pereda, vicepresidente de la entidad en la conferencia de prensa

Además de Pino, por la SRA en la conferencia estuvieron Marcos Pereda, vicepresidente; Carlos Odriozola, secretario, y Carlos Laplacette, asesor legal. En tanto, por la Rural de Jesús María asistieron Álvaro Gómez Pizarro, vocal, y Eduardo Riera, vicepresidente.

El asesor legal de la SRA, a su turno, explicó: “Se decidió el inicio de una acción de amparo conjuntamente con la Sociedad Rural de Jesús María luego de un par de semanas de conversaciones junto con los abogados de esa entidad y otras sociedades rurales del interior que posiblemente se sumen en este litigio”, expresó Laplacette.

“Lo básico que se plantea es que, ante la finalización del plazo por el cual el Poder Ejecutivo podía fijar retenciones y ante la no sanción de la ley de presupuesto que preveía la prórroga de esa facultad extraordinaria, todas las medidas de emergencia tomadas al amparo de una ley de emergencia cayeron. Por lo tanto, a partir del 1° de enero de este año no existe una ley que justifique el cobro de retenciones y lo que se pretende con este tributo es que esa discusión se de en el Congreso de la Nación. Hasta que esa discusión no se dé, no es legítimo cobrar ni a los productores y a ningún ciudadano argentino un tributo que no tiene sustento en una norma aprobada por el Congreso”, agregó.

Solución integral

Laplacette brindó los motivos por los cuales la estrategia judicial elegida fue el amparo. “Es una decisión técnica. Uno podría haber presentado una medida cautelar para que cese ya el cobro de retenciones, pero no es lo que procuran las entidades, sino que buscan obtener una sentencia lo más rápido posible para que se declare que no se puede percibir retenciones sin una ley del Congreso y el amparo es esa alternativa”.

En tanto, aclaró que no se solicita un retroactivo, medida que podrá “reclamar después cada productor si lo considera”. Y agregó: “El amparo está pidiendo que cese el cobro de retenciones hasta tanto el Congreso determine cuál es el sistema tributario, la alícuota”, dijo.

“El amparo pretende obtener una solución integral porque, por las características de los productos que se exportan en su inmensa mayoría, una sentencia favorable al productor lo único que supondría es una posibilidad de reclamarle al Estado por daños y perjuicios a largo plazo. Lo que se plantea es que cese el cobro de retenciones que afecta día a día a los productores y la única manera que cese no es que le den una sentencia favorable a determinado productor, sino que se deje de cobrar y para eso la solución tiene que ser integral”, completó.