Los recursos están pero no van a parar al destino correcto, y si van al lugar correcto se aplican en forma ineficiente
Por Juan Pablo Borioni
Al Estado más débil de los tres, el municipio, se le otorgó la responsabilidad de mantener la red vial rural, parece algo ilógico por recursos y conocimiento técnico, en lo hídrico y vial. En contrapartida, la coparticipación vial provincial es irrisoria en el inmobiliario rural.
Los caminos son como la salud, un tema muy específico y estratégico -salida de producción a los puertos, conectividad agraria, sostenibilidad alimentaria nacional e internacional-, para que no sean un tema específico como lo fue en su creación, cuando con las direcciones de vialidad provincial y nacional e hidráulica nacional y provincial se estructuró y construyó la red de caminos rurales y cuencas hídricas de nuestro país.
En tal sentido, es fundamental tener en cuenta que los caminos rurales son los que cortan en forma artificial todas las cuencas hídricas, desvían el curso natural del agua -principio rector hidráulico-, impiden la transparencia hídrica y ponen en riesgo de inundación zonas rurales a las que naturalmente nunca les llegaría el agua o les llegaría menor cantidad.
Además, como dije, son el nexo inevitable entre la producción y su destino, entre los agropecuarios y la ciudad y viceversa.
Los municipios fueron asumiendo un rol vial – hídrico rural que desconocían, impidiéndoles cumplir con el mantenimiento y conservación de los caminos rurales. Se organizaron primariamente con sistemas de mantenimiento de caminos sin tener en cuenta lo hídrico – vial, con un reducido conocimiento en ingeniería vial e hidráulica (aleteos, niveles, alcantarillas, cunetas, puentes, vados, mantenimiento y limpieza de canales artificiales y naturales, etc.), y asumieron bajo su responsabilidad la creación de un parque vial rural de maquinarias con recursos propios, que fue utilizado con limitaciones por desconocimiento técnico en su mayoría, a lo que se le adicionan restricciones públicas con normas administrativas y laborales obsoletas (estabilidad, horas extras y categorías, normas sindicales públicas, arbitrariedad política etc.), que impiden una correcta eficiencia del servicio vial rural.
En este orden, los productores agropecuarios han hecho un gran aporte. Como contribuyentes para un mismo fin han tributado en el estado nacional, provincial y municipal, con múltiples tributos aplicados a la misma finalidad, y como usuarios al intentar colaborar desde afuera del Estado, participando en forma activa en el mantenimiento de la red a fin de garantizar la circulación en post de la producción y la vida rural cooperando siempre para llegar a los campos y educar.
Pero ello no fue suficiente, porque los caminos por su uso, por la naturaleza hidráulica de las cuencas, por los materiales con que están construidos, sufren un importante deterioro en el tiempo, simplemente se gastan, se hunden por debajo de los niveles, se eliminan las huellas naturales y se tornan intransitables de acuerdo a las necesidades personales y productivas con mayor velocidad a la de sus reparaciones.
Se han encarado distintas soluciones que cargan al productor agropecuario de más gasto innecesario, de acuerdo a los tributos nacionales, provinciales y municipales que se crearon a tal fin, inmobiliario rural, impuesto a los combustibles y gomas, derechos y tasas varias a nivel local, como el derecho de marcas y señales y la tasa a la hectárea. Este combo impositivo hace presumir una gran cantidad de recursos viales suficientes de acuerdo a los costos y la inversión efectuada.
El marco normativo y responsabilidad pública de la red de caminos rurales de nuestra provincia y del país debe reverse, no pueden los municipios tener esta carga pública por su imposibilidad de cobrar impuestos y en muchos casos por su falta de experiencia en esta especialidad hídrica vial específica
En este orden, les recuerdo que con estos recursos se hizo una red vial hídrica caminera en la zona rural de 120.000 km con 80.000 km hoy otorgados a los municipios para que se ocupen del ellos. Se mantenía y se extendía, se hicieron puentes, terraplenes y alcantarillas en toda la provincia sin otro costo para el agro que el inmobiliario rural y los derechos de marcas y señales. Luego vino una desconcentración provincial y un traspaso de funciones viales e hídricas a los municipios, grandes inexpertos en el tema, y un traspaso de recursos muy limitados -una mínima coparticipación del 12% del inmobiliario rural provincial- con los cuales debieron incorporar maquinarias viales para su prestación, creándose en consecuencia en su mayoría la tasa vial rural municipal en los municipios bonaerenses y las direcciones viales específicas o compartidas con el sector urbano de hecho.
Luego se practicaron otras formas descentralizadas con cierta autarquía para intentar un mejor servicio público local (afectando parte de fondos a esa finalidad específica), entes viales, cooperativas concesionarias y/o comisiones viales zonales con productores a cargo. Todas son formas que en su gran mayoría carecen de auditoría privada, manejan fondos públicos, funcionan en su mayoría bajo el régimen de un presupuesto público y con un organigrama estatal, donde los municipios se quedan bajo diferentes modalidades hasta con el 70% del gasto en forma directa o indirecta, y le otorgan otros destinos diferentes a la mantención especifica de la red caminera de su partido.
Es hora de entender y saber que el sistema vial rural se agotó y rediseñar algo con eficiencia pública y con menor costo para el sector permitirá ser más competitivos, más solidarios con nuestro país e invertir más dinero en innovación y crecimiento genuino y no en burocracia.
En Tres Arroyos ha ido evolucionando el sistema desde lo público con una comisión vial central, una Dirección Vial en conjunto que funcionó durante años, y luego se constituyó por ordenanza un Ente Vial Descentralizado, con fondos afectados en parte de la tasa vial solamente a ese fin, dejando de lado marcas y señales, derecho destinado a esa misma finalidad.
El marco normativo y responsabilidad pública de la red de caminos rurales de nuestra provincia y del país debe reverse, no pueden los municipios tener esta carga pública por su imposibilidad de cobrar impuestos y en muchos casos por su falta de experiencia en esta especialidad hídrica vial específica y medular a la hora de producir y conectar al agro y la ciudad.
En todas las localidades hay una gran participación del sector rural, pagando los tributos, siendo los productores agropecuarios parte de los consejos asesores viales, se debe valorar este gran esfuerzo del sector. Este análisis se puede hacer en base a la experiencia de todos estos años de trabajo mancomunando del sector agropecuario con los municipios que acompañaron todos los procesos viales codo a codo con las diferentes gestiones municipales, sin importar el color político.
En síntesis, los recursos están pero no van a parar al destino correcto, y si van al lugar correcto se aplican en forma ineficiente.
* Titular del Estudio Borioni, abogado especialista en derecho agrario