Antes de terminar su mandato, Mariano Garmendia firmó la resolución de la discontinuidad de la participación en el proyecto internacional que busca medir el riesgo que representa en la salud humana, animal y ambiental el uso de agroquímicos. La decisión la había tomado el Consejo Directivo. Se aduce que algunos procedimientos respecto de los estudios que involucran a personas excedieron las incumbencias del instituto
Es una noticia que se veía venir. El INTA se bajó del Sprint, el proyecto internacional financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo medir el riesgo que representa en la salud humana, animal y en el medio ambiente el uso de agroquímicos. La resolución la firmó el jueves 7 de diciembre el hoy ya ex presidente del instituto, Mariano Garmendia, tras la decisión tomada por el Consejo Directivo de la entidad. Las causas que se aducen es que algunos procedimientos respecto de los estudios que involucran a personas excedieron las incumbencias de la entidad.
La desvinculación del INTA del proyecto Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), se hizo realidad en silencio, el mismo polémico silencio que el instituto adoptó desde que se conocieron los resultados de los análisis que se realizaron en noviembre de 2021 en el sudeste bonaerense (desde Dorrego a Mar del Plata y desde Necochea hasta Tandil), donde se tomaron 75 muestras ambientales; 180 muestras en 36 animales y 365 muestras en 73 personas.
Las mediciones resultaron muy críticas para la Argentina: el 100% de los voluntarios presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal.
Estos resultados ubicaban a la Argentina en el podio de los niveles de contaminación con agroquímicos, solo superados por los Países Bajos.
“Atento a la toma de conocimiento de que algunos procedimientos respecto de los estudios que involucran a personas habrían excedido las incumbencias del INTA, se determina la puesta en marcha del correspondiente análisis institucional, hasta tanto se cuente con las respuestas asociadas en sentido amplio”, adujo el INTA en el invierno pasado para no hacer público los resultados. Las mismas razones fueron las que figuran en la resolución en la que se da de baja la participación del instituto.
Las fuentes consultadas por La Voz del Pueblo indicaron que la decisión fue tomada por el Consejo Directivo -conformado por cinco representantes del sector público y cinco del sector privado- en donde todos, salvo la Federación Agraria Argentina, votaron a favor de la salida de Argentina del proyecto.
Los organismos que pusieron su voto a favor de esa decisión fueron el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; facultades de Agronomía de universidades nacionales; facultades de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales; la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aaacrea); la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro); las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Argentina había sido el único sitio de estudio de caso no europeo e incluida porque es el principal exportador de soja para alimentación animal en Europa. Y además se tomaba como referencia para comparar los resultados entre aquel continente y América del Sur. El Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA fue el ámbito de análisis del proyecto, en el área de influencia de dos de sus experimentales: la EEA INTA Balcarce y la Chacra Experimental Integrada Barrow (Tres Arroyos), ambas al sudeste de la provincia de Buenos Aires.
Así las cosas, la Argentina continúa sin realizar mediciones propias sobre los posibles impactos de los agroquímicos en el ambiente y la salud.