Las entidades rurales y los productores rechazan en forma contundente la posibilidad de que el gobierno provincial intervenga bajo cualquier figura en la comercialización granaria. Le negativa del sector responde a la intención de Axel Kicillof de poder manejar el 30% del tonelaje que opere el principal elevador de granos del Puerto de Quequén
Por Juan Berretta
Mientras que Jimena López, la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, explica con la información que tiene cuál es la intención de Axel Kicillof y confirma que la decisión es poder reservarse un 30% de los granos que lleguen a la principal terminal del puerto de Quequén, para los productores se trata de un tema cerrado antes de comenzar a charlar. Es unánime el rechazo, y así lo expresaron a través comunicados las entidades, a cualquier tipo de intervención del Estado, bajo la figura que sea, en el comercio granario.
La situación se desata a partir de la necesidad de volver a concesionar Terminal Quequén, el elevador más grande del puerto, que desde hace tres años, operaba gracias a una prórroga otorgada por la propia Provincia ya que la concesión estaba vencida. Esta vez, el gobernador no permitió que se prorrogara un año más el contrato, y decidió llamar a licitación.
El rechazo por parte de los productores y las entidades surge a partir de que Jimena López, en la reunión mantenida el último viernes con el directorio del Consorcio, informó sobre la existencia dentro del pliego de la nueva licitación una cláusula que indica que la Provincia se va reservar un cupo del 30% de la capacidad de elevación de la terminal.
“La presidenta nos confirmó la intención del gobernador, pero lo que no pudimos ver nosotros todavía es el pliego, que tengo entendido está en estudio en Legales de Provincia, para luego sí mandarlo para su aprobación por el directorio”, explicó Juan Ouwerkerk, integrante del directorio del Consorcio de Puerto Quequén en representación de Coninagro.
La intención de reservarse para la Provincia un 30% del tonelaje elevado cayó como una bomba.
La primera interpretación, sobre todo a partir de la poca información que hay respecto a la intención de qué es lo que pretende el gobernador con esa medida, fue que buscaba recrear la Junta Nacional de Granos, pero bajo el ámbito provincial.
¿Qué fue la JNG? Fue un organismo creado en 1933 en un momento en el que los granos tenían muy bajo valor para darle un precio sostén a los granos y permitir que los productores siguieran trabajando. Si bien durante varias décadas fue un sistema que funcionó, de hecho los productores consultados coincidieron en que fue una herramienta muy beneficiosa, luego perdió trasparencia y se perdió en el terreno la corrupción. Terminó siendo disuelta por Carlos Menem en octubre de 1991.
“Una vez más, como ha sido antes a nivel nacional, el sector político que gobierna la provincia de Buenos Aires pretende incursionar en habituales prácticas distorsivas, ideologizadas y flojas de fundamento técnico, perjudicando enormemente al sector productivo más dinámico y relevante del país”, dispararon 16 Sociedades Rurales del sudeste bonaerense nucleadas en Carbap en un comunicado.
Y agregaron: “Allí donde aparece el hueco, surge la pretendida maniobra. El contexto es muy alarmante e involucra a la región en todos sus aspectos”.
Para luego acusar directo a Kicillof: “En la presidencia del Consorcio de Gestión está una funcionaria del gobierno bonaerense que, aparentemente, pretende impulsar una ‘licitación exprés’. No queda claro el objetivo, pero sí la intención de entrometerse en la cadena. Dicho de otro modo, el gobernador quiere comercializar granos, bajo una figura que se parece a una ‘Junta Provincial de Granos’: un instrumento que la historia demuestra lo nocivo que podría ser para la actividad”, criticaron las entidades.
En la jornada de ayer, en tanto, fue la Mesa de Enlace Provincial la que se quejó por la situación y rechazó la “creación de una Junta Provincial de Granos” en Quequén.
“No hay que anticiparse”
Entrevistada por Canal Rural, Jimena López explicó que es cierto que el gobernador pidió una reserva del 30% de la operatoria. “Tiene que ver con una reserva que respete el calendario de trabajo. No es que ese 30% queda sin movilización o sin elevación porque está reservado por la Provincia. Esa es una mala comprensión que se ha hecho. Después, la forma en que la Provincia comercialice ese 30% no es algo que implique al Consorcio del Puerto Quequén, por lo tanto no implica mi función”, dijo.
“No tengo entendido que quieran reflotar una Junta Provincial de Granos, ni mucho menos. Me parece que tiene que ver con un pedido específico, tratando de en algún punto cuidar a los pequeños productores, pero bajo ningún concepto es una reserva inamovible, sino que tiene que ver con la posibilidad de que si en algún momento la Provincia pudiera intermediar, pueda contar con un lugar para la elevación”, argumentó.
Por otra parte, la presidenta desmintió la posibilidad de que se produjera una licitación exprés. “Bajo ningún concepto yo hablaría de una licitación exprés. Primero porque he sido funcionaria pública y he licitado muchas veces, y después porque particularmente esta licitación está supervisada por la Secretaría de Puertos y Vías Navegables de la Provincia. A su vez yo pedí que pasara por la Asesoría General de Gobierno y por la Fiscalía de Estado, justamente para que no quedaran consejos de discrecionalidad o que pudieran darse este tipo de cuestiones”, aseguró la presidenta del Consorcio.
Respecto a las críticas vertidas por los ruralistas, la funcionaria manifestó: “Me parece que no hay que anticiparse. Es una licitación que todavía no fue discutida dentro del ámbito del directorio, con los directores que representan diferentes cámaras, diferentes sectores y que obviamente tienen el derecho al voto, ya sea para inclinar o no a favor de la licitación”.
Voto negativo
“El Estado debe cumplir otras funciones, como dar educación, seguridad y salud, no de elevar granos. De eso se encargan los exportadores. Y es un sistema que ha funcionado”, dijo Juan Ouwerkerk. “De la parte de los productores no vemos como algo positivo ni necesario que el Estado intervenga en el negocio de los granos. Además todos recordamos los antecedentes nefastos que hubo cada vez que lo hizo, no nos olvidemos que la ONCCA terminó con gravísimos casos de corrupción”, agregó.
En tanto, como director titular del Consorcio, Ouwerkerk aseguró que “ya le anticipé a la presidenta que desde la producción primaria nuestro voto respecto a esta cuestión será negativo”.
Eugenio Simonetti, presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, también fue muy crítico de la intención de Kicillof. “Hay un movimiento en Provincia de querer crear una Junta de Granos como en su momento funcionó en el país. Pero hoy los puertos son privados y los silos no los tiene el Estado, como si los tenía en aquella época. Entonces, creemos que es crear algo que no sirve, que está fuera de época. Me parece que estamos atrasando 60 años”, agregó.
Así las cosas, en noviembre vence la concesión de Terminal Quequén, cumplidos los 30 años originales, y la prórroga por tres años. Y hasta ahora no se vislumbra un acuerdo entre las partes si es que el pliego incluye la voluntad del gobernador.
En el medio de esta polémica, la empresa Terminal Quequén, que opera el elevador de granos para la carga de buques, advirtió que de no solucionarse rápido la situación no podrá ofrecer servicios, de modo que además peligrarían las fuentes de trabajo.