El Consejo Directivo del organismo avanzó en modificaciones sobre la conducción y en diversas áreas a nivel operativo. Y según los delegados gremiales los cambios además de que generarían alrededor de 1.500 despidos, implican que todas las decisiones relevantes serán tomadas por el órgano político del ente
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó la semana pasada una reestructuración institucional en el ente. Entre los puntos se encuentran quitar funciones y competencia a la Dirección Nacional, conducido siempre por un técnico, para concentrarlas en el Consejo Directivo, el órgano político del organismo. Entre los cambios figura una nueva Secretaría de Coordinación Técnica, que absorbería funciones clave como las de la Dirección General de Administración (DGA), a pesar de que por ley esta debe responder a la Dirección Nacional.
Los representantes gremiales de los trabajadores denuncian que esta modificación en la práctica es una intervención oficial para poder llevar adelante el plan de ajuste y fusiones con otros organismos del Estado.
“Hasta ahora muchos no querían salir a reclamar porque tenían miedo. Pero ahora estamos en una situación límite. La semana pasada se aprobó un fuerte cambio institucional que implica una reestructuración a partir de la que le sacan las funcionalidades que por ley tiene el director del INTA y se lo dan al Consejo Directivo que es el órgano político”, advirtió Leandro Cambareri, el Secretario General de la Asociación del Personal del INTA (Apinta) de la Sección Balcarce, en la que está incluida la Chacra de Barrow, en diálogo con La Voz del Pueblo.
Movilización
Ante esta situación, esta mañana los trabajadores del INTA se están movilizando hacia la sede central del organismo en la ciudad de Buenos Aires para rechazar la reestructuración y la posible fusión del INTA con otros organismos estatales como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), lo que impactaría negativamente en la dotación de personal: estiman que estas medidas generarían alrededor de 1.500 despidos.
“Básicamente la reestructuración es sacarle funciones al Director Nacional, cargo que es ocupado por un técnico, hoy es Ariel Pereda, al que se llega por concurso, y darle todo el poder en la toma de decisiones al Consejo Directivo y es un cargo político”, explicó Cambareri.
“La idea de sacar competencia que tiene el Director Nacional es para poder decidir sobre los recursos humanos, sistemas, comunicación, administración. Porque lo que quieren es hacer una fuerte reducción de personal y vender predios”, agregó el Secretario de Apinta, el gremio mayoritario en el ámbito del Instituto, quien se desempeña en el grupo de post cosecha en el INTA Balcarce.
Representantes cuestionados
El Consejo Directivo del INTA está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado, también está conformado por un representante de las facultades de Agronomía y uno de Ciencias Veterinarias; así como tres del Poder Ejecutivo: uno de la Secretaría de Agricultura, el presidente del INTA y su vicepresidenta.
“Nos llama la atención que la semana pasada se convocó a una reunión de urgencia y los consejeros que habían votado en contra en febrero ahora lo hicieron a favor de los cambios Fue muy raro”, dijo Cambareri.
Y detalló: “En contra votó el representante de Federación Agraria Argentina y el de la Facultad de Veterinaria. Mientras que el de la Facultad de Agronomía estuvo ausente. Todas las otras entidades agropecuarias votaron a favor de esta reestructuración, de la creación de una súper secretaría de coordinación y gestión, como para manejar todas esas áreas que antes eran de competencia del Director Nacional”.
En tanto, el Secretario gremial indicó que la reestructuración incluye el cierre de las 299 agencias de extensión que el INTA tiene en todo el país y poner en disponibilidad a casi 1.500 trabajadores.
Austeridad, ¿austeridad?
En ese contexto, la Apinta denunció que, pese al discurso oficial de austeridad y eficiencia impulsado por las autoridades del organismo, se han tomado decisiones que contradicen esos principios. En el gremio apuntaron contra la designación de cuatro asesores sin antecedentes técnicos con sueldos elevados, el sostenimiento de funcionarios sin funciones definidas, la creación de nuevas estructuras sin justificación estratégica y el uso personal de recursos institucionales.
Según publicó La Nación, fuentes oficiales aclararon que el equipo técnico conformado para el diagnóstico institucional y tomar las decisiones trabajó mayormente ad honorem o con gastos mínimos, y que las erogaciones realizadas fueron muy inferiores a las cifras difundidas, y todas estuvieron consensuadas con el Consejo Directivo, en línea con la estrategia nacional del organismo. Destacaron que la única contratación formal que se hizo desde diciembre de 2023 responde a necesidades estratégicas y que se está recorriendo activamente el país en coherencia con el carácter federal del organismo.
“Lo que nosotros queremos destacar, y consideramos más importante en esta situación que estamos atravesando, es que el INTA es una institución muy relevante y de prestigio a nivel mundial; y que nuestros productores agropecuarios se han desarrollado y progresado a través de las investigaciones que ha hecho el organismo. Entonces, es una pena que se imponga este cambio, se lleve a cabo una reestructuración que deja de la lado la mirada técnica, y que hace que se pierdan técnicos muy capacitados y valiosos de un día para el otro”, cerró Cambareri.